Regularicemos la situación de la población migrante

Abr 13, 2020

Mediante una carta dirigida al Gobierno y una campaña en redes sociales,  112 organizaciones antirracistas y defensoras de los derechos de la población migrante urgen al Gobierno a  regularizar la situación administrativa de todas las personas que se encuentran en el país. Los colectivos entienden que, en estado de alarma, la protección de toda la población pasa por su acceso a la ciudadanía. Por ello exigen  «la regularización de las alrededor de 600.000 personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida”

“La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600.000 personas que nos encontramos en situación administrativa irregular» afirman en la carta que han dirigido al Ejecutivo.

#Regularizaciónya es el hashtag elegido para la campaña, que ha comenzado el 13 de Abril, a través de redes sociales.

El estado de alarma y el cierre de fronteras ha revelado las contradicciones de un modelo de gestión de la migración que lleva a las personas de origen extranjero que aún no han accedido a la residencia legal, o que la han perdido por diversos motivos, a situaciones de profunda inseguridad vital.

Las organizaciones promotoras alertan también contra las medidas de “regularización selectiva” que “responden a un carácter instrumentalista y mercantilista”, señalando el Real Decreto Ley 13/2020, aprobado para garantizar la cobertura de mano de obra en el sector agrario. Frente a la regularización general e indefinida que defienden, califican a estas políticas de “insolidarias” y las acusan de no responder “a la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas”.