La Plataforma de Salud Mental de Aragón apoya el cumplimiento de las ratios establecidas por la OMS para todos los servicios y dispositivos, en todos y cada uno de los niveles asistenciales y sectores sanitarios sin excepción.
En lo que se refiere a hospitalización de pacientes, la OMS recomienda un rango de entre 12 a 15 camas disponibles por cada 100.000 habitantes. En Zaragoza, esta ratio sólo se cumple mínimamente en el Sector Sanitario I. En el Sector II es de 10,7 y en el Sector III de 5,71 camas por cada 100.000 habitantes.
Como siempre hemos defendido, la distribución de los recursos no puede abordarse de forma adecuada y equitativa sin realizar un estudio exhaustivo que contemple la red de salud mental en su conjunto. Sólo de esta forma es posible planificar y priorizar, cubriendo así las evidentes carencias de forma ordenada.
El Sector Sanitario II, con una población de 380.000 personas no tiene ni una sola plaza de pisos asistidos ni tutelados. Es un ejemplo de déficit en recursos intermedios, tan importantes como las camas para ingresos o el refuerzo de las Unidades de Salud mental.
Durante este mes de Diciembre, se han están incorporando nuevos profesionales a varias Unidades de Salud Mental, contratados de forma precipitada, sin que se hayan organizado su ubicación, su integración en programas, equipos ni agendas. La improvisación, la descoordinación y la temporalidad restan efectividad a estas necesarias y reclamadas contrataciones. Va en contra del trabajo en equipo y de una atención a la comunidad con prioridades claras. Exigimos una adecuada gestión de los recursos públicos.
Seguimos reivindicando la implantación de un Plan de Salud Mental actualizado y de una Dirección firme, capaz de organizar, coordinar y asignar las partidas presupuestarias, comenzando por las necesidades más urgentes, dado que los fondos son obviamente limitados.
Continuamos defendiendo que la calidad asistencial no va ligada únicamente a la cantidad de recursos, sino al funcionamiento de los dispositivos y a su integración en un sistema coordinado que garantice la continuidad de cuidados. Para ello se requiere una formación continuada que permita aplicar lo que hoy sabemos que es más eficaz y una evaluación periódica de resultados, con el fin de mejorar la vida de las personas sin restringir sus derechos.