Los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales y asociaciones integrados en la Plataforma en Defensa de la Salud Mental, nos hemos manifestado públicamente, en la calle y en los medios de opinión, tratando de impedir medidas atentatorias del Gobierno anterior contra una atención de calidad a la salud mental de la población.

Entre las cuestiones pendientes que la Plataforma quiere abrir a la ciudadanía y en las que va a centrar su trabajo en adelante, señalamos las siguientes:

1. Propugnamos el fortalecimiento de los servicios comunitarios, próximos y accesibles, frente a la aglutinación y centralización de recursos.
2. Como ciudadanos defendemos un modelo comunitario de atención a la salud mental y una asistencia de calidad. Como consecuencia de ello, nos oponemos a la utilización de recursos no específicos, como lugar asistencial institucional (residencias de ancianos) para los pacientes con trastorno mental grave y defendemos una asistencia cercana a los familiares y a su núcleo de residencia habitual en cualquiera de los niveles de atención, primario, secundario o terciario (rehabilitación), evitando ingresos en cualquiera de los niveles alejados de su domicilio tradicional. Consideramos  un derecho que los pacientes graves tengan su lugar asistencial y residencial en el núcleo de convivencia, en el área geográfica y comunitaria donde han desarrollado su vida.
3. Abogamos por Unidades de Salud mental cercanas a los ciudadanos y a los barrios, con una buena atención al Trastorno Mental Grave, con un verdadero carácter comunitario y de apoyo a las familias. Nuestra negativa a la centralización de las Unidades de Salud mental anunciada por el anterior Gobierno ha sido nuestra reivindicación histórica como Plataforma.
4. Defendemos la igualdad en la atención, con establecimiento de servicios de Rehabilitación públicos y gratuitos, como el resto de los servicios de la red de Salud Mental, frente a la discriminación y el copago. Como complemento a esta cuestión y como defensores de una sanidad pública, reivindicamos que los incrementos de recursos (especialmente en el maltrecho campo de la rehabilitación) sean en recursos de gestión pública propia.
5. Reivindicamos la eliminación del copago, tanto en los servicios públicos como en los concertados.
6. Exigimos respeto explícito a los derechos de las personas con enfermedad mental y especial cuidado en situaciones de restricción de derechos (ingresos involuntarios, incapacitaciones, etc.). Es por ello que uno de nuestros objetivos ha de ser asumir la defensa de los derechos humanos de esta población, que sufre una doble exclusión, como modo de favorecer también la lucha contra el estigma.
7. Como ciudadanos reivindicamos unas condiciones de atención dignas, lo que supone al menos la reducción de las listas de espera, el incremento de camas de agudos prometido, la consecución de las plantillas establecidas en el Plan Estratégico 2002-2010,etc. Es decir, todos aquellos compromisos previos que la Administración Pública todavía no ha cumplido.
8. Apoyamos la humanización de la asistencia frente a la medicalización asistencial creciente, así como los enfoques psicoterapéuticos y técnicas de rehabilitación psicosocial.
9. Consideramos imprescindible que se consolide la continuidad de cuidados, con dispositivos de coordinación eficaz entre los recursos.
10. Demandamos la Derogación de la ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el RD 16/2012 de sostenibilidad del SNS (eliminar la exclusión sanitaria de los excluidos).