Quiénes somos | Decálogo de la Plataforma
La Plataforma la formamos personas que tenemos alguna vinculación con el mundo de la Salud Mental: profesionales, usuarios, familiares, y otras organizaciones y personas que venimos del movimiento ciudadano y de organizaciones en defensa de la Sanidad Pública.
Es un colectivo plural, funcionamos de modo asambleario y tenemos el apoyo de 21 asociaciones y entidades aragonesas.
Nacimos en 2013, ante la amenaza de perder la ubicación de las USM de cinco barrios, dispositivos ambulatorios sectorizados desde la Ley General de Sanidad de 1986. Conseguimos mantener las Unidades y seguimos trabajando.
Unimos reivindicación y propuesta, hacemos análisis, informes, jornadas. Iniciativas parlamentarias. Interactuamos con otras redes ciudadanas, en defensa de una Salud Universal los Derechos Humanos de las personas migrantes.
Mantenemos un proceso de observación continua respecto al estado y funcionamiento de los dispositivos. Es una red compleja, y no sólo sanitaria. El trabajo social y la interacción con el entorno también son importantes.
Defendemos una atención con criterios comunitarios, con gestión pública, que priorice el cuidado de las personas con TMG y que respete sus derechos.
Intentamos mantener una vía de diálogo con los responsables sanitarios y con las entidades y colectivos que intervienen en el ámbito de la Salud Mental.
Pensamos que una buena atención no depende sólo de la cantidad de recursos, y que no tiene que quedar únicamente a criterio de los profesionales. También es responsabilidad de la Administración definir las buenas prácticas.
En el documento «Principios y propuestas de la Plataforma», se resumen los criterios en los que se fundamenta la actividad de la Plataforma.

Potenciación de la red pública de salud mental, en todos los dispositivos, frente a las concertaciones de servicios privados (existentes especialmente en el área de Rehabilitación). En cualquier caso, todos los servicios a los que acceden los ciudadanos deberían tener las mismas condiciones y garantías. Nos postulamos claramente en contra de la concertación a mínimos. El incremento de recursos, desde nuestro punto de vista, debería ser de gestión pública.
Necesidad de una Dirección de Salud Mental con competencias ejecutivas, por encima de sectores y servicios específicos, capaz de implementar los programas a nivel asistencial y garantizar la equidad de los recursos de toda la red de Salud Mental de Aragón. Para que esto fuera posible entendemos que su dependencia debería ser del Servicio Aragonés de Salud.
Promoción de la atención a las personas en sus comunidades de referencia e implementación real de programas comunitarios, más allá de la ubicación de los recursos en las zonas básicas de salud y con especial atención a la calidad junto a la cantidad de los recursos. Debería hacerse especial hincapié en la intervención con personas diagnosticadas de trastorno mental grave.
Respeto escrupuloso de los Derechos Humanos y de la dignidad de las personas con enfermedad mental, sobre todo en situaciones de restricción de derechos: incapacitaciones, tutelas, ingresos involuntarios y coerciones diversas. Es indispensable implementar alternativas y medios que permitan reducir las contenciones al mínimo imprescindible y para ello es indispensable el establecimiento de un registro de contenciones (PNL 178/18 de mayo de 2018, protocolo del IASS en esa materia).
Actualización de las carteras de servicios que permita intervenir con mayor eficacia en los trastornos más graves.
Recuperación de la formación de los profesionales en técnicas profesionales reconocidas que permitan reducir la medicalización.
Creación de espacios de participación en los que pueda escucharse a ciudadanos, pacientes, familiares y profesionales para el abordaje de la atención a la salud mental, desaparición del estigma y logro de una salud mental colectiva.
Finalmente señalamos dos puntos estrechamente vinculados con nuestras propuestas, por necesarios y facilitadores de su cumplimiento. Son:
Recuperación de la cobertura sanitaria universal.
Fortalecimiento de la Atención Primaria